Examinando por Materia "Debido proceso"
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- PublicaciónAcceso abiertoAnálisis jurídico ley 1564 de 2012, sistema general del proceso (S.G.P.) y su incidencia directa con la oralidad el régimen probatorio y el principio de celeridad procesal(2012) Palacios Lozano, Nafel; Paz Russi, Carlos AlbertoEl desarrollo de este trabajo de grado, se inició con la presentación de un proyecto que pretende responder a la pregunta “¿Cuál será el alcance de la implementación y aplicación de la Oralidad en el Proceso Civil colombiano en cuanto a la garantía y oportunidad de aplicación del régimen probatorio?”; y a su vez, confirmar o desvirtuar la hipótesis que consiste en “La implementación y aplicación de la oralidad en el proceso civil colombiano, pretende solucionar el problema de congestión de los juzgados civiles garantizando la oportunidad a las partes de hacer usos del derecho probatorio, y aplicar la justicia judicial de manera sustancial y formal con eficiencia y prontitud”. Para responder a la pregunta y a la hipótesis planteada en el párrafo anterior, se partió de la aplicación del método lógico científico, el cual comprende análisis-síntesis, deducción-inducción, por tratarse de un proyecto de investigación básica, con un enfoque cualitativo, bajo un nivel de profundidad de investigación explicativo.
- PublicaciónAcceso abiertoEl debido proceso en el sistema penal acusatorio colombiano(Universidad de San Buenaventura, 2016) Encinales Duque, José Darío; Echeverry Ochoa, Camilo Antonio; Balanta Moreno, Xiomara CeciliaEl debido proceso como piedra angular del Estado Social De Derecho, se orienta a servir a la sociedad y ser garante de la observancia de la plenitud del ordenamiento jurídico, al contener, los lineamientos éticos y legales necesarios para, fundamentar garantías procesales concretas; sin embargo, en el ámbito probatorio de la lógica penal se presentan sistemáticamente conflictos de bienes jurídicos porque el debido proceso se ha interpretado frecuentemente como un límite a las leyes y los procedimientos legales; Esta interpretación resulta controvertida, y es análoga al concepto de justicia natural y a la justicia de procedimiento usada en otras jurisdicciones. La relación entre el principio de legalidad y el de reserva de la ley esta generalmente establecida, en una democracia en el llamado ordenamiento jurídico y recibe un tratamiento dogmático especial en el Derecho penal. En vista de que el Estado, por vía del Poder o Rama Judicial toma para sí el control y la decisión respecto a conflictos que tengan que ver con la interpretación o violación de la ley y que de dichos conflictos una persona puede resultar sancionada o lesionada en sus intereses, se hace necesario que en un estado de derecho, toda sentencia judicial deba basarse en un proceso previo legalmente tramitado que garantice en igualdad las prerrogativas de todos los que actúen o tengan parte en el mismo. Quedan prohibidas, por tanto, las sentencias dictadas sin un proceso previo. Esto es especialmente importante en el área penal.
- PublicaciónAcceso abiertoImpacto de las medidas cautelares innominadas, en los principios constitucionales del debido proceso y legalidad(Universidad de San Buenaventura, 2015) Fernández Díaz, Laura; Valencia Álzate, Beatriz Elena; Vela Giraldo, Manuel FelipeThe general code 1564 Act 2012 introduced the process unnamed precautionary measures in declarative processes, it is considered of great importance to realize that impacts can generate in the constitutional principles of due process and legality, considering that these measures are not exhaustive.
- PublicaciónAcceso abiertoMaterialización del derecho procesal constitucional en el proceso monitorio(Universidad de San Buenaventura, 2016) Arce Arbeláez, Séifar Andrés; Paz Russi, Carlos AlbertoEl presente trabajo es producto de una investigación acerca del Proceso Monitorio, donde el autor analiza como el conjunto de preceptos que lo integran evidencia una incidencia diferente del principio de la Buena fe. Se comparará con las demás figuras procesales vigentes en nuestra ley y se concluirá que el rol que funge la buena fe tiene una connotación superior. Si bien, todas nuestras leyes están guiadas por dicho principio, con el monitorio hay un trato especial, toda vez que la sola declaración juramentada por parte del demandante coloca en movimiento el aparato jurisdiccional y suprime el formalismo ya conocido en nuestro ordenamiento, como es la presentación de un documento que contenga una obligación clara, expresa y exigible. Logrando con ello tutelar y respetar la supremacía de los cánones constitucionales inherentes a cada ciudadano colombiano. Razón por la cual, con la estructura de la investigación se pretende resaltar la materialización del derecho procesal constitucional con el proceso monitorio. A tal pretensión se llegará después de presentar el estudio del origen del monitorio a nivel mundial, su adopción en nuestra legislación, una mención al principio de la buena fe donde se destaca la evolución de precepto abstracto a criterio constitucional vinculante, encontrado así el alcance sustancial y procesal. Se enseñará como el monitorio es una figura procesal que, por su naturaleza, esencia y aplicación, hacen de él un verdadero instrumento constitucional, cuyos elementos lo convierten en un pilar fundamental de confianza por parte del administrado a su justicia.
- PublicaciónAcceso abiertoRecaudo del material probatorio en la operación fénix y análisis de su declaratoria de ilegalidad(2012) Balvin Marín, Stefhany; Hurtado Suárez, Hernando; Cuervo Segura, Diana CatherineEsta investigación radico en analizar si la decisión de la Corte Suprema de Justicia con relación al material probatorio incautado en la Operación Fénix, fue o no acorde al derecho. La mencionada operación fue la incursión militar realizada por el Estado colombiano a territorio ecuatoriano encaminada a combatir a las FARC. Sin embargo y en concordancia con la normatividad nacional e internacional, el propósito que tuvo el gobierno nacional colombiano con la operación fénix fue efectivizado en contra de los postulados del acuerdo de Cooperación judicial internacional suscrito entre el Estado Colombiano y Ecuatoriano, el debido proceso legal y los principios del derecho internacional, pues fue el resultado de un sistema político totalitario, que pretendía obtener sus fines a través de cualquier costo, poniendo en claro riesgo la estabilidad del país. Por lo tanto fue coherente con la interpretación racional del derecho la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia Colombiana en Sala de Casación Penal, en referencia a los elementos materiales probatorios recaudados en la Operación Fénix, pues están viciados de nulidad absoluta, no sólo para el caso puntual de la investigación del ex congresista Wilson Borja, sino también para cualquier otro proceso judicial.
- PublicaciónAcceso abiertoResponsabilidad jurisdiccional del estado por aplicación de la carga dinámica probatoria en materia penal bajo la égida de la Ley 600 de 2000(2016) Marulanda Delgado, José Bayron; Valencia Cárdenas, SusanaThe present article is the result of the analysis of different orders of the Criminal Chamber of the Supreme Court of Justice of Colombia, which has applied the doctrine called "dynamic load evidence" in processes judged under Law 600 of 2000, and responsibility that this implementation can generate the state. With the understanding of guarantees like presumption of innocence and in dubio pro reo, is concluded that the doctrine mentioned breaks them, hence it is possible to impute responsibility to the State for jurisdictional error.