Principales aportes de la jurisprudencia contenciosa administrativa al mejoramiento del servicio Gineco-Obstétrico en Colombia, periodo 1996-2017
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Abstract
The Colombian Council of State has been, by the will of the 1886 and 1991 Constituent, a Justice Administrator par excellence. It is in charge of settling the conflicts that arise between the private persons and the different state organs and agencies; and between these latter. From the present research, however, it was possible to identify, through the study of its decisions in which its failures in the provision of the obstetrics and gynecology service during the last 20 years are analyzed in depth, how this primary role was paired by one of a merely political character, which was assumed almost by accident, motivated by a purely guarantee-based end by recognizing the need for its intervention facing the problems regarding the increase of the maternal and/or neonatal mortality rates in our country, on the occasion of a repeated pattern of deficiencies in the implementation of an obstetrics and gynecology subprogram that is part of the sexual and reproductive health policy in our country. The assumption of a political role by the highest contentious-administrative court in our country implies in itself an interference of the judicial operator in the national political affairs, which is currently known as politics judicialization. In the specific case of the protection of the rights of the expectant mothers and newborns population group that must avail themselves of the state obstetrics and gynecology services, it has turned out to be not only convenient and relevant but fundamentally helpful and necessary.
Resumen en español
El Consejo de Estado Colombiano ha sido por voluntad del Constituyente de 1886 y de 1991, un Administrador de Justicia por excelencia, encargado de dirimir los conflictos que se suscitan entre los particulares y los diferentes órganos y dependencias del Estado y entre estos últimos; pero, a partir de la presente investigación, fue posible identificar desde el estudio de sus providencias en las que se ahonda en el análisis de las fallas en la prestación del servicio ginecobstétrico en los últimos 20 años, como a ese rol primigenio, se le juntaba uno de carácter netamente político, el que asumió de forma casi que accidental y motivado por una finalidad netamente garantista, al reconocer la necesidad de su intervención frente a la problemática relacionada con el incremento de las tasas de mortalidad materna y/o neonatal en nuestro país, con ocasión de un patrón reiterado de deficiencias en la implementación del subprograma ginecobstétrico perteneciente a la política de salud sexual y reproductiva en nuestro país. Esta asunción de un rol político por parte del máximo tribunal contencioso administrativo en nuestro país, implica en sí misma una injerencia del operador judicial en los asuntos políticos del país, lo que actualmente se conoce como judicialización de la política, la que para el caso específico de la protección de los derechos del grupo poblacional de las gestantes y neonatos que deben acudir a los servicios ginecobstétricos estatales, ha resultado no solo oportuna y pertinente, sino fundamentalmente, útil y necesaria.